Els sotasignants manifestem la nostra repulsa al projecte de Directiva de Retorn de la Unió Europea -relativa als procediments i normes comunes als Estats Membres per al retorn dels nacionals de tercers països que es trobin il·legalment en el territori- que prioritza els aspectes més repressors de la política migratòria, centrats en l’internament, les expulsions, les repatriacions i les mesures coercitives sense garanties de respecte als drets humans i a la vida de les persones migrades. En qualsevol cas, el punt
de partida d’aquest debat hauria de ser la gestió legal de les migracions entesa en un sentit ampli.
Aquesta Directiva preveu, entre d’altres, els següents aspectes: una decisió administrativa que comporta privació de llibertat, fins i tot durant el tràmit de sol·licitud d’asil o de permís de residència -fins ara es requeria una ordre judicial prèvia-, una durada de la detenció desproporcionada que pot estendre’s fins als 18 mesos -a Espanya actualment són 40 dies-, una pena sistemàtica de prohibició d’accés al territori europeu per 5 anys -l’Estat espanyol ja ho aplica- i una falta de protecció i de garanties legals. La Directiva també preveu que aquestes mesures s'apliquin en determinades circumstàncies als menors no acompanyats.
L’aprovació d’aquesta Directiva significaria un atemptat als drets humans, un retrocés en el projecte d’integració europea, i un atac als principis fonamentals com el dret a la llibertat i el dret a emigrar, a més de perpetuar la intolerància i la segregació de la població més exclosa i en situació més desfavorable. A més, suposa una vulneració flagrant del Dret Internacional i concretament de la Convenció sobre els drets del menor de 1989 i de la Convenció de Viena sobre relacions consulars de 1963, ambdues ratificades per tots els països membres de la Unió Europea.
Els sotasignants veiem amb especial preocupació que el Govern espanyol s’hagi alineat amb les posicions més dures defensades en relació al fet migratori. També volem fer públic el nostre rebuig a l’anunci del Govern d’ampliar fins als 60 dies l’internament de les persones migrades, més encara tenint en compte les condicions deplorables dels centres d’internament al nostre país. Espanya continua vulnerant els drets més bàsics de les persones migrades en situació irregular, doncs permet el manteniment d’autèntics "forats negres", els centres d’internament d’estrangers, sense inspecció judicial, on són recloses persones que no han comès delictes, i les deficiències dels quals han estat reiteradament denunciades no només pel defensor del Poble sinó també pel Parlament Europeu i les organitzacions humanitàries.
Tant el projecte de Directiva com les intencions manifestades pel Govern espanyol són inacceptables perquè donen carta blanca a la vulneració sistemàtica dels drets fonamentals, no plantegen la qüestió des de l’òptica dels drets humans i no només estableixen mesures de privació de llibertat, sinó que tampoc fixen normes de protecció suficients per impedir que les ja deplorables condicions actuals es deteriorin encara més.
Aquesta directiva que vulnera els drets humans dels immigrants és un pas radicalment contrari al model d’Europa que volem. Per tot plegat, els sotasignants exigim al Govern espanyol que rectifiqui en la seva posició favorable a la Directiva i animem la resta de forces polítiques, socials i civils a continuar amb la campanya de denúncia.
Barcelona, maig de 2008
divendres, 4 de juliol del 2008
dijous, 5 de juny del 2008
Migrar no es un delito, no a la directiva de la vergüenza
Los y las abajo firmantes manifestamos nuestra repulsa al proyecto de Directiva de Retorno de la Unión Europea –relativa a los procedimientos y normas comunes en los Estados miembros para el retorno de los nacionales de terceros países que se encuentren ilegalmente en el territorio–, que prioriza los aspectos más represores de la política migratoria, centrados en el internamiento, las expulsiones, las repatriaciones y las medidas coercitivas sin garantías de respeto a los derechos humanos y a la vida de las personas migradas. En cualquier caso, el punto de partida de este debate debería ser la gestión legal de las migraciones, entendida en un sentido amplio.
Esta Directiva prevé, entre otros, los siguientes aspectos: una decisión administrativa que comporta privación de libertad, incluso durante el trámite de solicitud de asilo o de permiso de residencia –hasta ahora se requería una orden judicial previa–, una duración de la detención desproporcionada que puede extenderse hasta los 18 meses –en España, actualmente, son 40 días–, una pena sistemática de prohibición de acceso al territorio europeo por 5 años –el Estado español ya lo aplica– y una falta de protección y de garantías legales. La Directiva también prevé que estas medidas se apliquen en determinadas circunstancias a los menores no acompañados.
La aprobación de esta Directiva significaría un atentado a los derechos humanos, un retroceso en el proyecto de integración europea y un ataque a los principios fundamentales, como el derecho a la libertad y el derecho a emigrar, además de perpetuar la intolerancia y la segregación de la población más excluida y en situación más desfavorable. Además, supone una vulneración flagrante del Derecho internacional y concretamente de la Convención sobre los derechos del menor de 1989 y de la Convención de Viena sobre relaciones consulares de 1963, ambas ratificadas por todos los países miembros de la Unión Europea.
Los y las abajo firmantes vemos con especial preocupación el que el Gobierno español se haya alineado con las posiciones más duras defendidas en relación al hecho migratorio. También queremos hacer público nuestro rechazo al anuncio del Gobierno de ampliar hasta los 60 días el internamiento de las personas migradas, más aún teniendo en cuenta las condiciones deplorables de los centros de internamiento en nuestro país. España continúa vulnerando los derechos más básicos de las personas migradas en situación irregular, pues permite el mantenimiento de auténticos “agujeros negros”, los centros de internamiento de extranjeros, sin inspección judicial, donde son recluidas personas que no han cometido delitos, y las deficiencias de los cuales han sido reiteradamente denunciadas no sólo por el Defensor del Pueblo sino también por el Parlamento Europeo y por las organizaciones humanitarias.
Tanto el proyecto de Directiva como las intenciones manifestadas por el Gobierno español son inaceptables, porque dan carta blanca a la vulneración sistemática de los derechos fundamentales, no plantean la cuestión desde la óptica de los derechos humanos y no sólo establecen medidas de privación de libertad sino que no fijan normas de protección suficientes para impedir que las ya deplorables condiciones actuales se deterioren aún más.
Esta Directiva, que vulnera los derechos humanos de los inmigrantes, es un paso radicalmente contrario al modelo de Europa que queremos. Por todo lo expuesto, los y las abajo firmantes exigimos al Gobierno español que rectifique en su postura favorable a la Directiva y animamos al resto de fuerzas políticas, sociales y civiles a continuar con la campaña de denuncia.
Barcelona, mayo de 2008
Esta Directiva prevé, entre otros, los siguientes aspectos: una decisión administrativa que comporta privación de libertad, incluso durante el trámite de solicitud de asilo o de permiso de residencia –hasta ahora se requería una orden judicial previa–, una duración de la detención desproporcionada que puede extenderse hasta los 18 meses –en España, actualmente, son 40 días–, una pena sistemática de prohibición de acceso al territorio europeo por 5 años –el Estado español ya lo aplica– y una falta de protección y de garantías legales. La Directiva también prevé que estas medidas se apliquen en determinadas circunstancias a los menores no acompañados.
La aprobación de esta Directiva significaría un atentado a los derechos humanos, un retroceso en el proyecto de integración europea y un ataque a los principios fundamentales, como el derecho a la libertad y el derecho a emigrar, además de perpetuar la intolerancia y la segregación de la población más excluida y en situación más desfavorable. Además, supone una vulneración flagrante del Derecho internacional y concretamente de la Convención sobre los derechos del menor de 1989 y de la Convención de Viena sobre relaciones consulares de 1963, ambas ratificadas por todos los países miembros de la Unión Europea.
Los y las abajo firmantes vemos con especial preocupación el que el Gobierno español se haya alineado con las posiciones más duras defendidas en relación al hecho migratorio. También queremos hacer público nuestro rechazo al anuncio del Gobierno de ampliar hasta los 60 días el internamiento de las personas migradas, más aún teniendo en cuenta las condiciones deplorables de los centros de internamiento en nuestro país. España continúa vulnerando los derechos más básicos de las personas migradas en situación irregular, pues permite el mantenimiento de auténticos “agujeros negros”, los centros de internamiento de extranjeros, sin inspección judicial, donde son recluidas personas que no han cometido delitos, y las deficiencias de los cuales han sido reiteradamente denunciadas no sólo por el Defensor del Pueblo sino también por el Parlamento Europeo y por las organizaciones humanitarias.
Tanto el proyecto de Directiva como las intenciones manifestadas por el Gobierno español son inaceptables, porque dan carta blanca a la vulneración sistemática de los derechos fundamentales, no plantean la cuestión desde la óptica de los derechos humanos y no sólo establecen medidas de privación de libertad sino que no fijan normas de protección suficientes para impedir que las ya deplorables condiciones actuales se deterioren aún más.
Esta Directiva, que vulnera los derechos humanos de los inmigrantes, es un paso radicalmente contrario al modelo de Europa que queremos. Por todo lo expuesto, los y las abajo firmantes exigimos al Gobierno español que rectifique en su postura favorable a la Directiva y animamos al resto de fuerzas políticas, sociales y civiles a continuar con la campaña de denuncia.
Barcelona, mayo de 2008
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