Migrar no es un delito, no a la directiva de la vergüenza

Los y las abajo firmantes manifestamos nuestra repulsa al proyecto de Directiva de Retorno de la Unión Europea –relativa a los procedimientos y normas comunes en los Estados miembros para el retorno de los nacionales de terceros países que se encuentren ilegalmente en el territorio–, que prioriza los aspectos más represores de la política migratoria, centrados en el internamiento, las expulsiones, las repatriaciones y las medidas coercitivas sin garantías de respeto a los derechos humanos y a la vida de las personas migradas. En cualquier caso, el punto de partida de este debate debería ser la gestión legal de las migraciones, entendida en un sentido amplio.

Esta Directiva prevé, entre otros, los siguientes aspectos: una decisión administrativa que comporta privación de libertad, incluso durante el trámite de solicitud de asilo o de permiso de residencia –hasta ahora se requería una orden judicial previa–, una duración de la detención desproporcionada que puede extenderse hasta los 18 meses –en España, actualmente, son 40 días–, una pena sistemática de prohibición de acceso al territorio europeo por 5 años –el Estado español ya lo aplica– y una falta de protección y de garantías legales. La Directiva también prevé que estas medidas se apliquen en determinadas circunstancias a los menores no acompañados.

La aprobación de esta Directiva significaría un atentado a los derechos humanos, un retroceso en el proyecto de integración europea y un ataque a los principios fundamentales, como el derecho a la libertad y el derecho a emigrar, además de perpetuar la intolerancia y la segregación de la población más excluida y en situación más desfavorable. Además, supone una vulneración flagrante del Derecho internacional y concretamente de la Convención sobre los derechos del menor de 1989 y de la Convención de Viena sobre relaciones consulares de 1963, ambas ratificadas por todos los países miembros de la Unión Europea.

Los y las abajo firmantes vemos con especial preocupación el que el Gobierno español se haya alineado con las posiciones más duras defendidas en relación al hecho migratorio. También queremos hacer público nuestro rechazo al anuncio del Gobierno de ampliar hasta los 60 días el internamiento de las personas migradas, más aún teniendo en cuenta las condiciones deplorables de los centros de internamiento en nuestro país. España continúa vulnerando los derechos más básicos de las personas migradas en situación irregular, pues permite el mantenimiento de auténticos “agujeros negros”, los centros de internamiento de extranjeros, sin inspección judicial, donde son recluidas personas que no han cometido delitos, y las deficiencias de los cuales han sido reiteradamente denunciadas no sólo por el Defensor del Pueblo sino también por el Parlamento Europeo y por las organizaciones humanitarias.

Tanto el proyecto de Directiva como las intenciones manifestadas por el Gobierno español son inaceptables, porque dan carta blanca a la vulneración sistemática de los derechos fundamentales, no plantean la cuestión desde la óptica de los derechos humanos y no sólo establecen medidas de privación de libertad sino que no fijan normas de protección suficientes para impedir que las ya deplorables condiciones actuales se deterioren aún más.

Esta Directiva, que vulnera los derechos humanos de los inmigrantes, es un paso radicalmente contrario al modelo de Europa que queremos. Por todo lo expuesto, los y las abajo firmantes exigimos al Gobierno español que rectifique en su postura favorable a la Directiva y animamos al resto de fuerzas políticas, sociales y civiles a continuar con la campaña de denuncia.

Barcelona, mayo de 2008